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Carles McCragh i Prujà: "Estoy contra las soluciones falsas, ineficaces y absurdas que solo sirven para dar la impresión de movimiento cuando todo sigue y seguirá estancado"

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Girona expone sus argumentos contra la habilitación del mes de agosto y, de paso, revisa los verdaderos motivos del estancamiento de la justicia.

30/04/2020.- A continuación, se pueden leer las reflexiones del decano del Colegio de Girona, Carles McCragh Prujà, contra la habilitación del mes de agosto: 

JUSTICIA Y AGOSTO

Cada mes se suele asociar con alguna efeméride: febrero con el carnaval, el mes de mayo con las flores, diciembre con Navidad, o noviembre con las castañas o la importada Halloween. Ahora ha surgido una extraña asociación entre la justicia y agosto.

Todo viene porque a causa de la pandemia del coronavirus y del estado de alarma, se han paralizado muchas actividades esenciales en el país, entre ellas, la justicia; y según nuestros gobernantes para paliar ese supuesto parón, han decidido convertir en hábil el mes de agosto y trabajar por las tardes durante un tiempo. Si no se jugase con algo sagrado y serio como es la justicia, la decisión podría ser considerada una broma pesada.

 La justicia no se ha paralizado por el coronavirus. Los males de la justicia no dependen de cincuenta días de inactividad, ni tampoco de algunos más. Es la justicia la que padece una pandemia, o mejor dicho, el ciudadano/a padece otra pandemia desde hace mucho tiempo que también ha ocasionado incontables desgracias y las seguirá produciendo; y ésta es una administración de justicia obsoleta, perezosa, y en general, muy ineficaz, por no decir, en muchos casos, inútil.

Falta de jueces y juezas, escasez de funcionarios, poca formación entre estos estamentos, salarios inadecuados, inexistencia de medios apropiados, un poder excesivo, responsabilidades repartidas, corporativismos, un aparato burocrático lento y arcaico, presupuestos y dotaciones insuficientes durante décadas, sin importar el color del partido político que ha gobernado. Una justicia eficaz, rápida, cercana, la única que merece realmente ese nombre, parece no interesar a nadie.

Por no hablar de la supuesta solución telemática para todo, de la que muchos conocemos su ineficacia, y que se está demostrando en este mismo momento, salvo honradas y desde aquí aplaudidas excepciones, con una gran incapacidad para encontrar soluciones, como es el caso de los abogados de oficio (o privados) que han tenido que asistir, día a día, en centenares de partidos judiciales, a declaraciones ante órganos policiales o judiciales, con grave riesgo de su salud por la imposibilidad, dificultad o negativa a realizar las mismas por videoconferencia.

Por eso, pensar que vamos a solucionar la justicia haciendo hábil dos terceras partes del mes de agosto, y trabajando durante un tiempo por las tardes, no solamente es una equivocación, sino que es una verdadera falacia. Y una falacia conocida por quien promueve la medida.

Durante estos días de paralización, mientras los funcionarios de sanidad se exponían por todos nosotros, haciendo jornadas agotadoras y, en muchas ocasiones sin las necesarias medidas de seguridad, mientras los funcionarios de enseñanza, telemáticamente seguían con sus clases, reuniones, tutorías, pruebas y exámenes sin parar la actividad, la justicia no ha hecho lo mismo, enclaustrada y perfectamente confinada, exceptuando, claro, las urgencias (juzgados de guardias, violencia doméstica…)

Los que vamos al juzgado casi cada día conocemos perfectamente el funcionamiento de los mismos (la hora de citación de los juicios, y en general los retrasos que, desde el primero, se producen, ya que nunca suelen empezar puntuales, la mala planificación y tardanza de las citaciones (a más de un año), o la perezosa maquinaria que se apodera de los mismos entre junio y septiembre incluidos, gracias al reparto interesado de vacaciones, mediante el cual muchos (de arriba a abajo) disfrutan de ellas dos meses; el inaceptable retraso de demasiadas sentencias (de muchos meses a veces), por no decir de todas las otras actuaciones judiciales (ejecuciones entre ellas) que deberían impulsarse de forma vigorosa sin que nunca se haya conseguido.

Estoy, pues, contra la habilitación del mes de agosto, porque estoy contra las soluciones falsas, ineficaces y absurdas que solo sirven para dar la impresión de movimiento cuando todo sigue y seguirá estancado.

Para agosto se producirán más problemas con las citaciones, aumentará el número de suspensiones, y en general, afectará a la conciliación familiar de los justiciables, funcionarios, procuradores, abogados y demás interlocutores judiciales, para finalizar con un resultado ridículo.

 Y el supuesto trabajo por las tardes, sin más funcionarios y más jueces (preparados y especializados, claro), es otra simpleza. Serán los mismos funcionarios, repartidos mañana y tarde, y además con un reducción de jornada (todo ello es más una medida de prevención sanitaria que no de agilización procesal); y el juez no podrá dictar más sentencias, o si no, tendrá que hacerlas en menos tiempo, con menos estudio y con mayor inseguridad jurídica.

Al final, las prisas las acaba pagando el justiciable, pues hay una tendencia clara a que acabe afectando al legítimo derecho de defensa que ejerce la abogacía. Así, por ejemplo, las costas y las multas disuasorias que (aunque es evidente que existen abusos) pretenden disuadir al  justiciable de acudir a los tribunales; o en el ámbito de los recursos, con el aumento del importe del litigio para poder recurrir, lo que deja a la justicia en muchísimos casos (a veces fundamentales para la gente más sencilla) solo en manos del juzgador de instancia, sin que la sentencia se pueda revisar por un órgano superior. Otra limitación al derecho de defensa, un resquicio más de inseguridad jurídica. ¿Podemos hablar de tutela judicial efectiva?

Todo esto ocurre cuando los políticos, para solucionar el problema judicial endémico, no dotan a la administración de justicia de los medios materiales adecuados, ni tienen en cuenta las opiniones de los abogados, de la abogacía institucional, que conocen bien dónde están los defectos, y también algunas soluciones. Los ministros/as de justicia son siempre jueces o fiscales, o catedráticos que no suelen ir más allá de la universidad, pero nunca abogados. Pensemos que aquellos tienen una visión, aunque sin duda honesta, también deformada, sesgada y, en ocasiones interesada, de la justicia, y así no llegaremos a parte alguna, con agosto o sin agosto.

La justicia es otra pandemia, y ésta ya dura años y años, demasiados años. Nadie ha encontrado la vacuna.

Carles McCragh i Prujà

Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Girona

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