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Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia de 26 de octubre de 2021.

PLUSVALÍA. INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD DE LOS ARTS. 107.1 PÁRRAFO SEGUNDO, 107.2 A) Y 107.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE LAS HACIENDAS LOCALES PORQUE ESTABLECE UN MÉTODO OBJETIVO DE DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA QUE DETERMINA QUE SIEMPRE HAYA EXISTIDO AUMENTO EN EL VALOR DE LOS TERRENOS DURANTE EL PERIODO DE LA IMPOSICIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE HAYA EXISTIDO ESE INCREMENTO Y DE LA CUANTÍA REAL DE ESE INCREMENTO. VULNERACION DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA COMO CRITERIO DE IMPOSICIÓN (ART. 31.1 CE). El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana regulado en el TRLHL tras las SSTC 59/2017 y 126/2019, y el encuadramiento de la duda de constitucionalidad de las normas reguladoras de su base imponible en el principio de capacidad económica como criterio de imposición. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA COMO CRITERIO O PARÁMETRO DE IMPOSICIÓN A LA REGLA DE CUANTIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IIVTNU. ALCANCE Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD: Supone su EXPULSIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Deber del legislador de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE. INTANGIBILIDAD DE LAS SITUACIONES FIRMES EXISTENTES ANTES DE LA FECHA DE LA APROBACIÓN DE LA SENTENCIA. A ESTOS EXCLUSIVOS EFECTOS, TENDRÁN TAMBIÉN LA CONSIDERACIÓN DE SITUACIONES CONSOLIDADAS (I) LAS LIQUIDACIONES PROVISIONALES O DEFINITIVAS QUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS A LA FECHA DE DICTARSE ESTA SENTENCIA Y (II) LAS AUTOLIQUIDACIONES CUYA RECTIFICACIÓN NO HAYA SIDO SOLICITADA EX ART. 120.3 LGT A DICHA FECHA. El fallo declara la. La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del Presidente Juan José González Rivas y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer.

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