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La Abogacía reclama en el Congreso la asistencia letrada en toda actuación relativa a derechos de personas con discapacidad

Durante la intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha defendido que todas las actuaciones jurídicas relacionadas con personas con discapacidad -sin excepción- deben contar con el asesoramiento de un abogado o abogada

26/10/2020.- (CGAE) Todas las actuaciones jurídicas relacionadas con personas con discapacidad sin excepción deben contar con el asesoramiento de un abogado o abogada. Así lo cree el Consejo General de la Abogacía Española y así se lo ha defendido hoy su presidenta, Victoria Ortega, ante los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

La comparecencia se corresponde con el trámite a través del cual se va a reformar la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En el borrador de la reforma de algunos textos, como en el de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se excepcionan en función de su cuantía un relevante número de procedimientos para los que no se prevé la participación ni de abogado ni de procurador. En otros procedimientos de esta misma ley, es el juez a quien se otorga la responsabilidad de decidir si será precisa la participación de los profesionales del derecho.

Durante su intervención, Victoria Ortega ha considerado que los profesionales de la abogacía "no podemos admitir esta falta de representación y defensa en los casos que tratan cuestiones que afectan a la capacidad de las personas". Y es que, a juicio de la presidenta del Consejo, "si la asistencia letrada no es preceptiva, el justiciable sin recursos se verá privado del beneficio del patrocinio gratuito de un abogado... no siendo esa la voluntad del legislador".

Por otro lado, Victoria Ortega ha expuesto que, si lo que se busca es abaratar el coste del proceso, no sucederá así, pues la experiencia pasada en otros ámbitos demuestra que los involucrados en este tipo de actuaciones buscarán asesoramiento entre otros profesionales carentes de la formación jurídica necesaria.

Esta y otras muchas consideraciones formuladas por la máxima representante de la Abogacía Española no son sino fruto de la meditada reflexión de los órganos del Consejo y de muchos años de implicación en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Antes incluso de que pudieran ejercitarse numerosas invocaciones amparadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada el 13 de diciembre de 2006, la Abogacía Española había suscrito en marzo de 2004 un convenio de colaboración con la Fundación ONCE y con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Los abogados españoles también han participado decisivamente en la redacción de las leyes que han ido transformando de forma continua la legislación; estableciendo como hitos tanto la Constitución de 1978 como la reforma del Código Civil de 1983. Así como, lógicamente, en la tramitación de los distintos casos que dieron origen a las sentencias del Tribunal Supremo que en 2009, 2014 y 2015 supusieron importante precedentes jurisprudenciales en materia de derechos de las personas con discapacidad.

A lo largo de su intervención, la presidenta de la Abogacía ha destacado el enorme valor de la reforma y también ha aludido a la conveniencia de que las nuevas leyes establezcan con claridad los distintos elementos de la declaración judicial de discapacidad, así como que se regule la tutela de las personas que se encuentran en situación de gran discapacidad.

El compromiso de la Abogacía Española se ha traducido en la creación de un Grupo de Trabajo en materia de derechos de las personas con discapacidad, así como en una formación específica que permita que lo antes posible los 83 Colegios de la Abogacía dispongan de letrados especializados en la materia. Ello hará posible la creación de un turno de oficio específico para la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad.

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