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Justicia se reúne con abogacía, graduados sociales y procuradores para explicar la Ley de Eficiencia Organizativa

·Los órganos de gobierno de los futuros Tribunales de Instancia serán elegidos por los jueces de forma participativa.
·Se instaurarán gabinetes técnicos que actuarán bajo la dirección del presidente del Tribunal de Instancia y podrán estar integrados por miembros de la carrera judicial y LAJs.
·La norma también incrementa la seguridad jurídica, al facilitar el establecimiento de criterios comunes entre los miembros de un tribunal y requerir la motivación en el caso de apartarse del criterio común.
·La ley contempla la creación de Oficinas de Justicia en los municipios, para vertebrar el país, extender el servicio público y contribuir a superar el reto demográfico.
·El ministro de Justicia ha comunicado la intención del Gobierno de pedir a los grupos PSOE y UP que valoren la retirada de la proposición de ley para modificar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), priorizando así la transformación de la Justicia.

20/03/2021.- El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, se ha reunido hoy con representantes del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y del Consejo General de Procuradores de España, para explicar el nuevo Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros.

El pasado 20 de abril se aprobó en el seno del Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, impulsado por el Ministerio de Justicia.

El Anteproyecto está integrado en la arquitectura jurídica de la Estrategia Justicia 2030, enmarcada y conectada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation. Además, constituye la segunda norma de las tres previstas por el Ministerio para la eficiencia de la Administración de Justicia, junto a la ley de eficiencia procesal, aprobada en diciembre, y la ley de eficiencia digital, prevista para verano.

En ese sentido, Campo ha explicado que “no basta con políticas incrementalistas, sino que hay que hacer más eficiente el sistema de Justicia”.

La ley contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.

Los Tribunales de Instancia sustituyen la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema de organización colegiada, que no altera el ejercicio de la función jurisdiccional ni las competencias de los órganos de enjuiciamiento.

Los órganos de gobierno de estos Tribunales de Instancia serán elegidos por los jueces de forma participativa. En este sentido, Campo ha señalado que “profundiza en la democracia interna del Poder Judicial”, añadiendo que “es una norma que ensancha las oportunidades de participación de los jueces en su autogobierno”.

Además, la Ley incrementa la seguridad jurídica y, por tanto, la “previsibilidad” de las resoluciones judiciales, al establecer exigencias de criterios interpretativos comunes entre los miembros del Tribunal, a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales. Ello no afectará a la independencia de los jueces y magistrados para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado, según ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Además, se instaurarán gabinetes técnicos que actuarán bajo la dirección del presidente del Tribunal de Instancia y que podrán estar integrados por miembros de la carrera judicial y letrados de la Administración de Justicia (LAJs).

El nuevo modelo se ha construido sobre la actual distribución territorial de la justicia en España. Habrá 431 Tribunales de Instancia, tantos como partidos judiciales, con el objetivo de alcanzar una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción.

Respecto a la Oficina Judicial, el Anteproyecto flexibiliza y se adecúa para dejar atrás un modelo rígido y dependiente de la adecuación de espacios y, así, hacer posible su implantación en todo el territorio.

En ese sentido, según el ministro de Justicia, con la experiencia previa y con la inversión tecnológica derivada de los fondos europeos, “es posible reacondicionar la maquinaria al servicio de la actividad jurisdiccional para aprovecharla en todo su potencial”.

En cuanto a las Oficinas de Justicia en los municipios “son la evolución de los juzgados de paz”, según ha explicado Campo. El objetivo es llevar a todos los puntos del territorio los servicios de Justicia, incluida la población que vive en áreas rurales, con el fin contribuir a la lucha contra la despoblación y avanzar en cohesión social y territorial. “Este anteproyecto es más que una reforma legislativa, es la base de la transformación de la Justicia, para contribuir al proyecto país”, ha concluido el ministro.

 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Por otra parte, el ministro de Justicia ha comunicado la intención del Gobierno de pedir a los grupos parlamentarios PSOE y UP, que valoren la retirada de la proposición de ley para modificar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), priorizando así la transformación de la Justicia.

En este sentido el ministro ha destacado que, “tanto el Gobierno como los partidos que lo sustentan tienen la responsabilidad y la altura de miras necesaria para priorizar la recuperación y transformación del país”.

Según el ministro, se trata de un gesto, sobre todo simbólico, que debe ayudar a que el consenso en torno a este nuevo modelo de Justicia sea más amplio. Y refiriéndose al bloqueo, añadió que “quienes se dedican a poner palos en la rueda, ahora tienen menos excusas para no arrimar el hombro”, rematando, “el Partido Popular se está quedando sin excusas”.

PROPUESTA DE CANDIDATURA AL TJUE

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la designación de Lourdes Arastey como candidata propuesta por España para el puesto de jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Arastey se incorporó el pasado 12 de febrero a un procedimiento basado en los principios de mérito y capacidad, según el Real Decreto 972/2020, de 10 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de selección para la propuesta de candidaturas por España en la designación de miembros del TJUE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En total, se recibieron 25 candidaturas, la mayoría de ellas de altísimo nivel. Fueron preseleccionadas 13 y, finalmente, fue seleccionada Lourdes Arastey.

Tras su paso por el Consejo de Ministros, la candidatura de Arastey se remitirá al Consejo de la Unión Europea (UE), con el objeto de que se pronuncie sobre su idoneidad para el puesto.

El puesto de juez que corresponde a España en el TJUE ha estado ocupado desde 2003 por la abogada del Estado Rosario Silva, que en 2020 trasladó al Ministerio de Justicia su voluntad de no ser renovada en el cargo.

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