28/11/2024.- (abogacia.es) La presencia de los profesionales de la abogacía en todos los trámites de extranjería es la única forma de garantizar plenamente el respeto a los derechos de los migrantes. Así lo ha expuesto esta mañana el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, en la inauguración de las XXXII Jornadas de Extranjería y Protección internacional que se celebran hoy y mañana en Cartagena.

González ha manifestado que, si bien la labor de los letrados fue siempre necesaria en los procesos migratorios, los crecientes reproches hacia el fenómeno y la adaptación del Pacto Europeo de Migración y Asilo hacen que ésta sea hoy en día absolutamente imprescindible.

Tras valorar como positivo el esfuerzo por adaptar nuestra legislación a las necesidades de la sociedad, Salvador González ha afirmado que “lo más importante, además de buenas normas en sus propósitos, es que las mismas se puedan cumplir y que su desarrollo esté siempre garantizado”.

Y es que, todos los expertos que se dan cita en las jornadas, organizadas por el Consejo General y por el Colegio de Cartagena y a las que asisten más de 400 abogados y abogadas de extranjería llegados de toda España, coinciden en que los medios que se destinan a las políticas migratorias están muy por detrás de las dimensiones que el fenómeno migratorio ha adquirido en España.

Las llegadas masivas de cayucos a Canarias y las condiciones en que los letrados y las letradas de los Colegios insulares prestan asistencia legal es un claro ejemplo de ello. Como también lo es la mercantilización de citas previas a través de métodos telemáticos para acudir a formalizar trámites de extranjería en numerosas provincias.

Por último, González ha reclamado para los compañeros del Turno de oficio unas condiciones más razonables y unas remuneraciones más acordes con el esfuerzo personal que supone el trabajo de extranjería. “Un trabajo que en no pocas ocasiones supone atender a diez personas que hablan diferentes idiomas al mismo tiempo en mitad de un muelle va mucho más allá del compromiso con los derechos humanos que se puede exigir a un profesional”, ha descrito el presidente de la Abogacía Española.

En la inauguración también han intervenido Blas Jesús Imbroda, presidente de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía; Ángel Méndez, decano del Colegio de Abogados de Cartagena; Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena; Ignacio Segado, secretario general de la Universidad Politécnica de Cartagena y Leopoldo Olmo Fernández-Delgado, secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia.

El decano de Cartagena, Ángel Méndez, explicó que “el derecho de extranjería no es solo una rama del derecho administrativo sino una herramienta para garantizar los derechos fundamentales, proteger la dignidad humana y fomentar una convivencia inclusiva. Y destacó el papel de la abogacía también “en la lucha contra la xenofobia y la discriminación”.

Por su parte, Blas Jesús Imbroda señaló que “las tragedias que hay en el mundo generan flujos de migración, que necesitan la ayuda de las sociedades. Y ahí está en primera línea la abogacía española, ayudando a personas vulnerables. Sois la primera línea en la defensa de los derechos humanos, sois el orgullo de toda la abogacía”.

La primera ponencia, que despertó una gran expectación, analizó la reciente reforma del Reglamento de Extranjería, que entrará en vigor el 20 de mayo de 2025. Ana Hernández Rodríguez, vocal asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explicó en detalle las principales novedades que ha introducido esta reforma,  que ha supuesto “un cambio integral de la norma”.

“Hemos mejorado la reagrupación familiar, que era una de las reclamaciones más urgentes que teníamos”, señaló Hernández. Además de analizar los cinco tipos de arraigo, Hernández explicó que, entre otras novedades, también han mejorado la protección de las actividades de temporada y se ha abordado la situación de los extranjeros familiares de ciudadanos nacionales.