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2019

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Jornadas Internacionales de Derecho Procesal: "La prueba ilícita"

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Noticias y actualidad de la abogacía

12/11/2019 Conferencia “Aspectos prácticos del procedimiento económico-administrativo”

11/11/2019 Máster en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional Online

11/11/2019 El ICA Murcia convoca el Premio San Raimundo de Peñafort

08/11/2019 Conferencias de los lunes del CGAE: "Dentología profesional"

07/11/2019 El CGAE reclamará la desconexión digital de los juzgados en agosto y la suspensión de vistas por enfermedad, maternidad o defunción

Legislación y Jurisprudencia

Resoluciones y artículos relevantes

11/11/2019 Tribunal Supremo. FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. El tribunal ha desestimado el recurso de casación planteado por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que le impuso una pena de prisión como autor de un delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito y débito, en concurso medial con un delito continuado de estafa. Según los hechos probados, el recurrente propuso a una persona que trabajaba en una gasolinera, que copiase las tarjetas de crédito y de débito con las que pagaban los clientes para obtener y almacenar los datos de las bandas magnéticas, a través de un “skimmer”. La tarjeta era devuelta al cliente sin levantar sospechas. Así lo hizo el empleado de la gasolinera entre el 21 de marzo y el 5 de abril de 2009. Después se fabricaban nuevas tarjetas falsas –clonadas-, con la banda magnética de la original, pero con los datos personales de la persona que la iba a utilizar en el establecimiento. Las compras se cargaban al titular de la tarjeta copiada. El recurrente utilizó las tarjetas clonadas para realizar compras en un supermercado, una de 63 euros y otra de 741 euros, y en un centro comercial donde adquirió un Home Cinema (149 euros) y una televisión (468 euros). El tribunal en la Sentencia destaca “el difícil recorrido investigador de los grupos que se organizan para atacar la integridad de la tarjeta de crédito o débito causando un serio daño a toda la cadena comercial y personal, ya que se ataca a la economía del sujeto pasivo, quien momentáneamente ve extraído de su cuenta el importe del gasto, se ataca a la entidad bancaria que debe resarcir al perjudicado el importe de la suma distraída, o el gasto llevado a cabo con la compra realizada con la tarjeta alterada, y, por último, y lo que es más importante, se pone en riesgo y juego el mercado financiero con la introducción en el comercio de sistemas de adquisición de bienes con dinero de plástico falsificado, lo que provoca una grave afectación y ataque al sistema financiero y de compras con crédito por la cadena de perjudicados que introduce con su falsaria conducta”. Además, pone de manifiesto la necesidad de un férreo control por el sistema, a fin de evitar graves perjuicios en el sistema de mercado y en la confianza en el uso de este material por los usuarios. De este modo, “con independencia de que las entidades bancarias que entregan a sus clientes estas tarjetas mejoren sus mecanismos de protección, el legislador ha mejorado el sistema de persecución para tutelar los derechos e intereses de los perjudicados desde el directo perjudicado inicial hasta la entidad bancaria que no debe verse sometida a una situación de impunidad o de falta o ausencia de recobro de la suma que ha debido satisfacer a su cliente ante la comisión de un delito de las acciones contempladas en el art. 399 bis CP de la comisión de estos delitos, que tienen su máxima expresión en los tres tipos de los pagos en centros comerciales, el pago a través de redes informáticas y las conductas abusivas en cajeros automáticos”. Igualmente considera que “esta clase de relaciones obliga al establecimiento de sistemas de seguridad eficaces en la transmisión de los datos y de las operaciones realizadas para mantener la confianza de los usuarios en el sistema, y, sobre todo, se persigue proteger la estabilidad de las transacciones comerciales” lo que permitiría “una mayor fluidez de estas operaciones comerciales, mayor confianza en el comerciante en que quien utiliza la tarjeta es su titular y que quien le atiende no procederá al clonado de la tarjeta, y, lo que es más importante, que no podrá hacerlo”. La Sala concluye que de lo que se trata es de que el banco “no tenga que asumir un volumen de pérdidas por esta metodología delictiva, y que, por ello, la informática pueda impedir este tipo de hechos, porque una proliferación de estas conductas y la ausencia de mecanismos de control causa, como hemos apuntado, un relevante daño al sistema comercial, bancario y financiero de un país”.

11/11/2019 TJUE. Gran Sala. LA PROHIBICIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE CIERTAS CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS BANCARIOS INCLUYE A LOS GESTORES DE BÚSQUEDA. SEÑALA QUE EL GESTOR DE UN MOTOR DE BÚSQUEDA ESTÁ OBLIGADO, EN PRINCIPIO, A ESTIMAR LAS SOLICITUDES DE RETIRADA DE ENLACES QUE DIRIGEN A PÁGINAS WEB EN LAS QUE FIGURAN DATOS PERSONALES COMPRENDIDOS EN LAS CATEGORÍAS ESPECIALES, SI BIEN DEBIENDO VALORAR SIEMPRE, CASO POR CASO, NO SÓLO LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN, SINO SU CARÁCTER SENSIBLE PARA LA VIDA PRIVADA DEL INTERESADO Y EL INTERÉS PÚBLICO DE LOS INTERNAUTAS EN DISPONER DE LA MISMA. EL TJUE recuerda que la actividad de un motor de búsqueda consiste en encontrar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de los internautas; una tarea que sin duda se enmarca dentro del tratamiento de datos personales cuando la información los contiene, y que hace que el gestor de un motor de búsqueda deba ser considerado responsable. Sentado lo anterior, el Tribunal entiende que las restricciones relativas al tratamiento de las categorías especiales de datos personales también resultan de aplicación al gestor de un motor de búsqueda y por ello, está obligado a estimar las solicitudes de retirada de enlaces que dirigen a páginas web en las que figuran datos personales comprendidos en las categorías especiales. No obstante, a pesar de esta regla general, el TJUE admite una excepción que permite al gestor del motor de búsqueda negarse a estimar la solicitud de retirada de enlaces en el supuesto en el que se compruebe que los enlaces, si bien dirigen a contenidos que incluyen datos personales, el tratamiento cumple los demás requisitos de legalidad exigidos por la Directiva, lo que obliga a comprobar la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales del interesado en cuanto a su respeto a la vida privada y si concurren motivos de interés público importantes, de cara a proteger la libertad de información de los internautas potencialmente interesados en acceder a la información. Como colofón, el TJUE declara que, aunque a priori los derechos del interesado prevalecen sobre la libertad de información de los internautas, debe valorarse siempre, y caso por caso, la naturaleza de la información, el carácter sensible de ésta para la vida privada del interesado y el interés público de los internautas en disponer de la información.

11/11/2019 Tribunal Supremo. EL FISCAL RECHAZA LA POSIBILIDAD DE DENUNCIAR UN DELITO FISCAL YA SANCIONADO O LIQUIDADO, INTRODUCIDA POR REFORMA DE 2017 EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA. El artículo 197. Bis del Reglamento controvertido y declarado nulo, está en oposición frontal con los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito fiscal. Para el Supremo no es posible denunciar un delito fiscal ya sancionado o liquidado. El precepto anulado permitía que la apreciación de indicios de delito contra la Hacienda Pública pudiera tener lugar en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción. El Supremo da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales y declara que además de carecer de la habilitación legal suficiente, el apartado 2 del artículo 197 bis del RD 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria, se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública. Insiste la sentencia en que la ley no contempla que se pase el tanto de culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa; y mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora tras el oportuno expediente sancionador. Da un argumento más, y es que la previsión reglamentaria según la cual, en estos casos, se suspenderá la ejecución de las liquidaciones y sanciones ya impuestas, resulta contradictoria con la previsión legal contenida en los artículos 250 y 251 de la LGT (sea o no posible dictar una liquidación), y que imponen a la Administración el deber de abstenerse de incoar un procedimiento sancionador sobre esos hechos o, incluso, “el archivo” del procedimiento sancionador eventualmente iniciado. La estimación del recurso es solo parcial al no acogerse la impugnación del artículo 74.1.h) del mismo Reglamento porque el Alto Tribunal si considera que las multas penales quedan incluidas entre las obligaciones tributarias que no debe tener p endiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de sus obligaciones. Voto Particular.

Legislación, jurisprudencia, artículos bancarios y de consumidores

Sentencias y doctrina sobre otras materias destacadas

nov 11 2019	BOE PROTECCIÓN DEL CLIENTE DE SERVICIOS BANCARIOS. CRÉDITOS REVOLVING. PROYECTO DE ORDEN 2019 DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN EHA/2899/2011: ANTE EL AUMENTO DE LA LITIGIOSIDAD DE ESTE TIPO DE PRODUCTO FINANCIERO, SOBRE TODO EN LO RELATIVO A LOS TIPOS DE INTERÉS APLICADOS A LAS OPERACIONES, SE HACE NECESARIO ESTABLECER MEDIDAS PARA MEJORAR LA POSICIÓN DE LA PERSONA FÍSICA QUE CONTRATA ESTE PRODUCTO. Se trata del Proyecto de Orden para el establecimiento de obligaciones de información sobre créditos de duración indefinida asociados a instrumentos de pago. Establec... [ descargar ]
nov 11 2019	Audiencia Provincial de Gerona. TARJETA DE CREDITO. CREDITO REVOLVING. PRESTAMO AL CONSUMO. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL INTERES ES DESPROPORCIONADO. La Sala da la razón a la entidad recurrente cuando dice que “para determinar si el interés es o no desproporcionado con las circunstancias del caso la comparación debe hacerse con operaciones similares a la que es objeto de este pleito y no con préstamos personales”. Considera que la distinta naturaleza y funcionamiento del crédito revolving respecto del préstamo para consumo justifica que las condiciones, incluido el interés remunerat... [ descargar ]
nov 11 2019	Tribunal Supremo. CONTROL DE TRANSPARENCIA DE UNA CLÁUSULA SUELO INSERTA EN UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO. ALLANAMIENTO DEL RECURRIDO A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE. NULIDAD DE LA CLÁUSULA SUELO CON RESTITUCIÓN TOTAL DE LO ABONADO EN VIRTUD DE LA CLÁUSULA NULA. [ descargar ]

nov 11 2019	Juzgado de lo Social número 1 de Ourense. CONFLICTO COLECTIVO. COMIDA CON OCASIÓN DE FESTIVIDAD CON CARGO A UNA EMPRESA REPETIDA DURANTE MAS DE 20 AÑOS. CONDICION MAS BENEFICIOSA. APLICACION DOCTRINA UNIFICADA DEL TRIBUNAL SUPREMO. La empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura y residuos sólidos urbanos en el Concello de Ourense, recuperan una tradición que se mantenía desde 1993 y que en 2018 la empresa suprimió, manera unilateral, consistente en pagar un ágape con motivo del patrón, alegando, por un lado, problemas de liquidez al existir demoras en los pagos por... Derecho Laboral [ descargar ]
nov 11 2019	Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. SE ANULA EL DESPIDO DE UNA EMPLEADA POR LA ACTIVIDAD SINDICAL DE SU PAREJA. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE DISCRIMINA A UN TRABAJADOR POR SU VINCULACIÓN SENTIMENTAL CON OTRO QUE ES “MOLESTO” PARA LA EMPRESA. LOS INDICIOS REVELAN QUE ES UNA REPRESALIA Y POR ELLO, DESPIDO NULO. Derecho Laboral [ descargar ]
nov 11 2019	Audiencia Provincial de Barcelona. UNA MUJER DEBERÁ ABANDONAR SU CASA DURANTE UN AÑO E INDEMNIZAR A LA COMUNIDAD CON 1.300 EUROS POR DAR DE COMER A LAS PALOMAS. La demandada alimentaba y daba de beber a las palomas en el alfeizar de sus ventanas. A pesar de existir sentencia firme anterior que le obligaba a cesar en su conducta, continuaba con dicha actividad, molesta e insalubre para el resto de los vecinos Derecho Civil [ descargar ]