11/06/2024.- El ICA Oviedo vivió en la tarde de ayer la puesta de largo de la Comisión de Discapacidad y Mayores, con la presencia de numerosas autoridades jurídicas de la región, como la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, la fiscal superior, María Esther Fernández, o Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado de Asturias, que intervino desde el estrado para "destacar la labor que estáis haciendo desde la abogacía para informar y promover que las personas con discapacidad se sientan plenamente apoyadas por el resto de la sociedad, en este caso, con un cuerpo de letrados que van a defenderles cuando se sientan agredidas en sus derechos". 

En un acto presidido por el decano, Antonio González-Busto, fue la diputada y, a su vez, presidenta de la comisión, María José García Tamargo, la encargada de dar paso a la fiscal de sala de la Unidad Coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra Crespo, y su conferencia titulada “La evaluación de los tres años de implantación de la Ley 8/21. Hacia el respeto de la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad”, que comenzó asegurando que "quien crea que la Ley 8/21 está solo dirigida a jueces, a fiscales, a notarios y a abogados, se equivoca. Esta ley va dirigida a toda la sociedad, porque, si no, esa autonomía no la hacemos real. Si para recoger una carnet de identidad le decimos que tiene que venir con su padre o con su madre, ya hemos estropeado toda la posibilidad de actuación de ese importante cambio que hemos conseguido".