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CONTENCIOSO: ERROR JUDICIAL Y AMPARO CONSTITUCIONAL. IRREGULARIDADES PROCESALES CAUSANTES DE INDEFENSIÓN. APLICACIÓN DE NORMATIVA DEROGADA. El presente recurso se dirige contra la sentencia 308/2017, de 7 de junio, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que inadmitió el recurso contencioso-administrativo interpuesto (con relación a la fijación del justiprecio en una expropiación forzosa), al apreciar que la designación apud acta de la procuradora se había realizado fuera del plazo de los dos meses establecido para la formulación del recurso contencioso administrativo, condenando en costas al actor, hasta un máximo de 1.500€ y contra la providencia que inadmitió el incidente de nulidad contra la expresada sentencia. Se trata de determinar si el error judicial que imputa el recurrente a la Sala de instancia ha comportado la vulneración de derechos fundamentales, como consecuencia de ciertas irregularidades que se evidencian en el proceso de instancia, entre otras, haber procedido a la inadmisión del recurso en sentencia pese a que previamente el LAJ había dado ya por subsanado el defecto de representación, inadmisión decretada, además, sin haber escuchado a las partes al no haberse opuesto dicha inadmisión por ninguna de ellas, por haber continuado el procedimiento -incluso, con admisión de prueba- sin advertir con anterioridad dicha causa, así como por haber despachado el posterior incidente de nulidad de actuaciones presentado "en la forma en la que tuvo lugar", pese a que las especiales circunstancias que concurrían en los autos "hubieran exigido un estudio detenido de la cuestión". La Sala considera que procede la admisión a trámite del incidente de nulidad de actuaciones toda vez que se produjo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Constata, que la reforma y la nueva finalidad que incorpora al incidente de nulidad han sido preteridas por la Sala de instancia, a través de un razonamiento que escapa a los parámetros de lógica y razonabilidad que resultan inexcusables a toda decisión judicial, lo que se erige en criterio de estimación de la demanda de error judicial, limitada limitada a su función de requisito previo a la eventual pretensión de responsabilidad patrimonial a ejercitar, en su caso, contra el Estado, sin que, la situación jurídica declarada o reconocida por la sentencia a la que se imputa dicho error se vea alterada o modificada por una declaración de existencia en la misma de error judicial.