Inicio Biblioteca Novedades Jurisprudenciales

Novedades Jurisprudenciales

Buscar en esta categoría:
48.- 02/07/2021 Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-719/19. Sentencia de 22 de junio de 2021. CIUDADANÍA DE LA UNIÓN. Un ciudadano de la Unión que haya sido objeto de una decisión de expulsión solo podrá disfrutar de un nuevo derecho de residencia en el territorio del Estado miembro de acogida una vez que haya puesto fin a su estancia en dicho territorio de manera real y efectiva. · Derecho Comunitario
47.- 30/06/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-559/19. Comisión/España (Détérioration de l’espace naturel de Doñana). Sentencia de 24 de junio de 2021. Medio ambiente. España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana. · Derecho Comunitario
46.- 29/06/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-914/19. Sentencia de 3 de junio de 2021. POLÍTICA SOCIAL. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN. NOTARIOS. Vetar a los mayores de 50 años el acceso a la profesión de notario es discriminatorio. La introducción de un límite de edad de 50 años para la admisión a la oposición dista mucho de estar justificada por la aptitud de esos candidatos para ejercer esta profesión. · Derecho Comunitario
45.- 28/06/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-624/2019. Sentencia de 3 de junio de 2021. POLÍTICA SOCIAL. IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE TRABAJADORES YTRABAJADORAS: LA IGUALDAD SALARIAL SE DEBE APLICAR PARA TRABAJOS “DE IGUAL VALOR” DENTRO DE UNA MISMA EMPRESA. La igualdad retributiva se debe aplicar no solo a los trabajadores de distinto sexo que realizan el mismo trabajo si no, también, entre trabajadores de distinto sexo que tengan el mismo empresario y en establecimientos distintos, siempre que este constituya una fuente única. · Derecho Comunitario
44.- 25/06/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-645/19. Sentencia de 16 de junio de 2021. REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD): El Tribunal precisa los requisitos para el ejercicio de las facultades de las autoridades nacionales de control con respecto al tratamiento transfronterizo de datos. · Derecho Comunitario
43.- 16/06/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos C-609/19, C-776/19 y C-782/19. Sentencias de 10 de junio de 2021. CONSUMIDORES. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA. CLÁUSULA ABUSIVA. PRESCRIPCIÓN. Un consumidor que haya suscrito un préstamo denominado en moneda extranjera y que ignore el carácter abusivo de una cláusula incluida en el contrato de préstamo, no puede ser expuesto a ningún plazo de prescripción para obtener la devolución de las cantidades abonadas sobre la base de dicha cláusula. · Derecho Comunitario
42.- 03/06/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-383/2019. Sentencia de 29 de abril de 2021. VEHICULOS RETIRADOS DE LA CIRCULACIÓN. SEGURO OBLIGATORIO Vehículo que se encuentra en un terreno privado, que no es apto para circular debido a su estado técnico y que va a ser desguazado por decisión de su propietario. La cuestión prejudicial que se plantea al TJUE es si la obligación de celebrar un contrato de seguro obligatorio del automóvil queda excluida cuando el vehículo está inmovilizado en un terreno privado, ha pasado a ser propiedad de una entidad administrativa en virtud de una resolución judicial firme, que ordenó su decomiso, no es apto para circular y va a ser desguazado por decisión de su propietario. · Derecho Comunitario
41.- 01/06/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-130/2020. Sentencia de 12 de mayo de 2021. JUBILACIÓN VOLUNTARIA. EXCLUSIÓN DEL COMPLEMENTO POR MATERNIDAD. NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DEL SEXO. La Directiva 79/7/CE no garantiza la igualdad de trato en su sentido más amplio, es decir, no se aplica a desigualdades entre personas de un mismo sexo; limita su ámbito de aplicación a los casos de discriminación entre trabajadores, por una parte y trabajadoras, por otra. · Derecho Comunitario
40.- 31/05/2021 Tribunal General. Asunto T-628/20. Sentencia de 19 de mayo de 2021. EL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS QUE ATREVIESEN DIFICULTADES TEMPORALES POR LA PANDEMIA DE COVID- 19 ES CONFORME CON EL DERECHO DE LA UNIÓN. La medida en cuestión, destinada a la realización de operaciones de recapitalización y dotada con un presupuesto de 10.000 millones de euros, constituye un régimen de ayudas de Estado, pero de carácter proporcionado y no discriminatorio. · Derecho Comunitario
39.- 20/05/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C- 505/19. Sentencia de 12 de mayo de 2021. EL PRINCIPIO QUE PROHÍBE EL DOBLE ENJUICIAMIENTO PUEDE OPONERSE A LA DETENCIÓN, EN EL ESPACIO SCHENGEN Y EN LA UNIÓN EUROPEA, DE UNA PERSONA OBJETO DE UNA NOTIFICACIÓN DE INTERPOL. Así ocurre cuando las autoridades competentes tienen conocimiento de una resolución judicial firme en la que se declara aplicable dicho principio, adoptada en un Estado parte en el Acuerdo de Schengen o en un Estado miembro. · Derecho Comunitario
38.- 30/04/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sala Primera. Asunto C-485/19. Sentencia de 22 de abril de 2021. PRESCRIPCIÓN RECLAMACIÓN GASTOS HIPOTECARIOS: El TJUE se opone a que el cómputo se inicie el día en que se firmó el contrato. Ha declarado que es incompatible con el Derecho de la Unión una normativa nacional que establezca que la acción ejercitada para un consumidor con el fin de obtener la restitución de las cantidades indebidamente abonadas para cumplir un determinado contrato de crédito, esté supeditada a un plazo de prescripción de 3 años el cual comience a correr a partir de la fecha en la que se produjo el enriquecimiento injusto. · Derecho Comunitario
37.- 27/04/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-846/19. Sentencia de 15 de abril de 2021. IVA. ABOGADOS. La actividad de protección de personas mayores de edad incapacitadas legalmente desarrollada por un abogado constituye, en principio, una actividad económica. puede quedar exenta de iva si las prestaciones de servicios en cuestión están directamente relacionadas con la asistencia social y con la seguridad social, y si el referido abogado disfruta, respecto de la actividad que desarrolla a estos efectos, de un reconocimiento como organismo de carácter social. · Derecho Comunitario
36.- 26/04/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-826/19. Sentencia de 22 de abril de 2021. TRANSPORTE AÉREO. DESVIO DE AEROPUERTO. COMPENSACIÓN. EL MERO DESVÍO DE UN VUELO A UN AEROPUERTO CERCANO NO DA DERECHO A UNA COMPENSACIÓN A TANTO ALZADO, EN CAMBIO, LA COMPAÑÍA AÉREA DEBE OFRECER AL PASAJERO, POR INICIATIVA PROPIA, LA ASUNCIÓN DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE HASTA EL AEROPUERTO DE DESTINO PARA EL QUE HIZO LA RESERVA O, EN SU CASO, HASTA OTRO LUGAR CERCANO CONVENIDO CON DICHO PASAJERO. Si la compañía aérea no cumple con su obligación de asumir dichos gastos, el pasajero tiene derecho al reembolso de las cantidades que haya tenido que desembolsar y que, a la vista de las circunstancias propias de cada caso, resulten necesarias, apropiadas y razonables para paliar la deficiencia de la compañía aérea (Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos). · Derecho Comunitario
35.- 12/04/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-503/20. Auto de 25 de marzo de 2021. BANCARIA. CUESTIÓN PERJUDICIAL PLANTEADA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EN SEPTIEMBRE DE 2020 EN UN PROCEDIMIENTO CONTRA BANCO SANTANDER SOBRE UNA TARJETA ‘REVOLVING’ CON UNA TAE DEL 26,82%. El TJUE señala que «ni la Directiva 87/102 ni la Directiva 2008/48 contienen normas armonizadas sobre la limitación máxima de la TAE, de modo que los Estados miembros siguen siendo competentes para establecer disposiciones a este respecto». «No obstante, al hacer tal cosa, (…) deben asegurarse de que no quebrantan los ámbitos armonizados por estas Directivas, como las obligaciones en materia de información», apunta. Así, el TJUE concluye que ambas directivas «deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, tal y como la interpreta la jurisprudencia nacional, que establece una limitación de la TAE que puede imponerse al consumidor en un contrato de crédito al consumo con el fin de luchar contra la usura, siempre que esta normativa no contravenga las normas armonizadas por estas Directivas en lo que en particular se refiere a las obligaciones de información». · Derecho Comunitario
34.- 05/04/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-13/19. Auto de 3 de marzo de 2021. BANCARIO: CLÁUSULA SUELO: No hay negociación si el consumidor no pudo influir en el contenido de cláusula. Tras el planteamiento de una nueva cuestión prejudicial por parte de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que, no hay negociación individual en la novación de los contratos hipotecarios con cláusulas suelo rebajadas y renuncia a acciones futuras, si el consumidor no pudo influir en el contenido de la nueva cláusula. · Derecho Comunitario
33.- 31/03/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sala Quinta. Asunto C-603/20 PPU. Sentencia de 24 de marzo de 2021. ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. La competencia del órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de una ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARENTAL no puede establecerse sobre la base del artículo 10 del Reglamento Bruselas II bis en caso de sustracción de un menor con traslado a un Estado tercero. · Derecho Comunitario
32.- 10/03/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-344/19. Sentencia de 9 de marzo de 2021. PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO. CONCEPTO DE TIEMPO DE TRABAJO: LOS PERÍODOS DE GUARDIA, incluidos aquellos que se realizan EN RÉGIMEN DE DISPONIBILIDAD NO PRESENCIAL, están comprendidos también, en su integridad, en el concepto de «tiempo de trabajo» cuando las limitaciones impuestas al trabajador durante esos períodos afectan objetivamente y de manera considerable a su capacidad para administrar libremente el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales y para dedicarse a sus propios intereses. En cambio, cuando no existen esas limitaciones, solo debe considerarse «tiempo de trabajo» el tiempo correspondiente a la prestación laboral efectivamente realizada, en su caso, durante tales períodos. · Derecho Comunitario
31.- 08/03/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gran Sala. Asunto C-746/18. Sentencia de 2 de marzo de 2021. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. PROVEEDORES DE SERVICIOS. CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES. LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA EN GENERAL. El acceso, a efectos penales, a un conjunto de datos de comunicaciones electrónicas de tráfico o de localización que permiten llegar a conclusiones precisas sobre la vida privada solo se autoriza para luchar contra la delincuencia grave y prevenir las amenazas graves contra la seguridad pública Por otra parte, el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que atribuye competencia al Ministerio Fiscal para autorizar el acceso de una autoridad pública a esos datos con el fin de hacer la instrucción penal. · Derecho Comunitario
30.- 05/03/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-129/20. Sentencia de 25 de febrero de 2021. PERMISO PARENTAL: NO SE PUEDE EXIGIR QUE LOS PADRES TENGAN TRABAJO EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una ley estatal puede supeditar la concesión del permiso parental a haber ocupado un puesto de trabajo sin interrupción durante, como mínimo, doce meses seguidos inmediatamente anteriores al inicio del permiso parental; pero no podrá exigir como requisito que el progenitor tenga un empleo en el momento del nacimiento, acogida o adopción de los hijos. · Derecho Comunitario
29.- 02/03/2021 Tribunal Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Asunto C-129/20. PERMISO PARENTAL. UNA LEY ESTATAL PUEDE SUPEDITAR LA CONCESIÓN DEL PERMISO PARENTAL A HABER OCUPADO UN PUESTO DE TRABAJO SIN INTERRUPCIÓN DURANTE, COMO MÍNIMO, DOCE MESES SEGUIDOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL INICIO DEL PERMISO PARENTAL; PERO NO PODRÁ EXIGIR COMO REQUISITO QUE EL PROGENITOR TENGA UN EMPLEO EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO, ACOGIDA O ADOPCIÓN DE LOS HIJOS. ESA EXCLUSIÓN SERÍA CONTRARIA AL DERECHO INDIVIDUAL DE TODO TRABAJADOR A DISPONER DE UN PERMISO PARENTAL. En primer lugar, la sentencia recuerda que una solicitud de permiso parental tiene por objeto obtener por parte de su demandante una suspensión de su relación de trabajo, por lo que los Estados miembros pueden exigir que el período de trabajo previo sea inmediatamente anterior al comienzo del permiso parental. Sin embargo, con respecto al segundo requisito al que se hacía referencia en la cuestión prejudicial, el TJUE subraya que no puede deducirse que los progenitores del hijo por el que se solicita el permiso parental deban ser trabajadores en el momento del nacimiento o de la adopción de este. En segundo lugar, según el Tribunal de Justicia, excluir a los padres que no trabajaban en el momento del nacimiento o de la adopción de su hijo supone limitar el derecho de estos progenitores a disfrutar de un permiso parental “en un momento posterior de su vida en el que ejerzan de nuevo un empleo y en el que lo necesitarían para conciliar sus responsabilidades familiares y profesionales”. · Derecho Comunitario
28.- 01/03/2021 Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 21 de enero de 2021. Asunto C -843 / 2019. EMPLEADA DE HOGAR. JUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA A LOS 63 AÑOS. DENEGACIÓN. CUESTIÓN PREJUDICIAL: ARTÍCULO 208, APARTADO 1, LETRA C), DE ESTA LGSS. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA HACIA LAS MUJERES CONTRARIA A LA DIRECTIVA 79/7. El TJUE resuelve que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, en caso de que un trabajador afiliado al régimen general de la seguridad social pretenda jubilarse voluntaria y anticipadamente, supedita su derecho a una pensión de jubilación anticipada al requisito de que el importe de esta pensión sea, al menos, igual a la cuantía de la pensión mínima que correspondería a ese trabajador a la edad de 65 años, aunque esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los trabajadores, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, siempre que esta consecuencia quede justificada no obstante por objetivos legítimos de política social ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo. · Derecho Comunitario
27.- 12/02/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto T-117/20. Sentencia de 10 de febrero de 2021. PROPIEDAD INTELECTUAL. CORTE INGLÉS. CONFUSIÓN MARCA PHANTER Y LA ITALIANA PANTHÉ. DESESTIMA. El Tribunal Europeo confirma la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y rechaza el recurso presentado por El Corte Inglés para anular el registro de la marca solicitada por MKR Design Srl, “Panthé”, por considerar que podía crear confusión con su marca anterior “Panther”, registrada para artículos como medias, calcetines o leggins. Señala que, aunque los signos enfrentados designan productos en parte idénticos y existe una gran similitud fonética entre la marca de la empresa española y la de la italiana, éstas no pueden compensar las diferencias a nivel gráfico y conceptual. Así, el Tribunal General de la Unión Europea, concluye que no hay riesgo de confusión entre ambas marcas. · Derecho Comunitario
26.- 10/02/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 21 de enero de 2021. EXTRANJERÍA. DENEGACIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENCIA TEMPORAL DE FAMILIAR AL CUIDADO DE LA UNIÓN EUROPEA. Aplicación a los ciudadanos españoles. · Derecho Comunitario
25.- 08/02/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gran Sala. Sentencia de 2 de febrero de 2021. EL DERECHO A GUARDAR SILENCIO NO JUSTIFICA LA FALTA DE COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES. Ha reconocido que una persona física no puede ser sancionada por negarse a responder ante la autoridad competente, cuando de sus respuestas pueda evidenciarse su propia responsabilidad. · Derecho Comunitario
24.- 01/02/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gran Sala. Sentencia de 26 de enero de 2021. PETICIÓN DE DECISIÓN PREJUDICIAL. Procedimiento prejudicial. POLITICA SOCIAL. Igualdad de trato en el empleo y la contratación. Determinación del concepto de discriminación. Diferencia de trato dentro de un grupo de trabajadores discapacitados y concesión de un complemento salarial a los trabajadores discapacitados que hayan presentado, después de una fecha elegida por el empresario, un certificado de discapacidad. · Derecho Comunitario
23.- 20/01/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 14 de enero de 2021. Asunto C-393/19. EL DECOMISO DE UN INSTRUMENTO UTILIZADO PARA COMETER UN DELITO DE CONTRABANDO AGRAVADO, CUANDO ESTE ES PROPIEDAD DE UN TERCERO DE BUENA FE, ES CONTRARIO AL DERECHO DE LA UNIÓN. · Derecho Comunitario
22.- 19/01/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 14 de enero de 2021. Asunto C-441/19. PERMISO DE RESIDENCIA POR TIEMPO DETERMINADO. DERECHO DE ASILO. DENEGACION. RETORNO. MENOR DE EDAD. 15 AÑOS: ANTES DE DICTAR UNA DECISIÓN DE RETORNO RESPECTO DE UN MENOR NO ACOMPAÑADO, UN ESTADO MIEMBRO DEBE COMPROBAR QUE EN EL ESTADO DE RETORNO SE ENCUENTRA DISPONIBLE UNA ACOGIDA ADECUADA PARA EL MENOR; asimismo, si en la fase de expulsión ya no puede asegurarse una acogida adecuada, el estado miembro no podrá ejecutar la decisión de retorno · Derecho Comunitario
21.- 13/01/2021 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Asunto C-620/2018. ES LÍCITO QUE LOS TRANSPORTISTAS RECIBAN IGUAL SALARIO QUE LOS EMPLEADOS DEL ESTADO DE ACOGIDA. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO. Aplicación Directiva 2018/957. · Derecho Comunitario
20.- 29/12/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. EXTRADICIÓN. CIUDADANO DE LA UNIÓN. Un ciudadano de la Unión solo puede ser extraditado a un Estado tercero previa consulta al Estado miembro de su nacionalidad. En el marco de esta consulta, el Estado miembro de la nacionalidad de la persona reclamada debe recibir del Estado miembro requerido todos los elementos de hecho y de Derecho comunicados en la solicitud de extradición y debe concedérsele un plazo razonable para dictar contra ese ciudadano, si procediera, una orden de detención europea. · Derecho Comunitario
19.- 23/12/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. EL DERECHO DE LA UNIÓN PROBIBE LA REPRODUCCIÓN DE LA FORMA O DE LA APARIENCIA PROTEGIDO POR UNA DOP EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS. · Derecho Comunitario
18.- 04/12/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-269/15. Sentencia de 25 de noviembre de 2020. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE. Hacienda puede solicitar información tributaria de un contribuyente a otras Administraciones tributarias de la Unión Europea sin necesidad de aportar datos precisos, lo que facilita su obtención. Se exigen criterios personales (los datos de quien tiene la información y del contribuyente), temporales (ejercicios tributarios a los que se refiere la solicitud) y materiales ( impuestos que se investigan) que pongan de manifiesto su relación con la investigación y con el contribuyente investigado. · Derecho Comunitario
17.- 03/12/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-245/19. Sentencia de 6 de octubre de 2020. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE. Hacienda puede solicitar información tributaria de un contribuyente a otras Administraciones tributarias de la Unión Europea sin necesidad de aportar datos precisos, lo que facilita su obtención. Se exigen criterios personales (los datos de quien tiene la información y del contribuyente), temporales (ejercicios tributarios a los que se refiere la solicitud) y materiales (impuestos que se investigan) que pongan de manifiesto su relación con la investigación y con el contribuyente investigado. · Derecho Comunitario
16.- 19/11/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 11 de noviembre de 2020. DESPIDO COLECTIVO. PERIODO DE REFERENCIAL. El artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de apreciar si un despido individual impugnado forma parte de un despido colectivo, el período de referencia previsto en dicha disposición para determinar la existencia de un despido colectivo ha de calcularse computando todo período de 30 o de 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar ese despido individual y durante el cual se haya producido el mayor número de despidos efectuados por el empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, en el sentido de esa misma disposición. · Derecho Comunitario
15.- 13/11/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 11 de noviembre de 2020. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. PROTECCIÓN DE DATOS. CONSENTIMIENTO VÁLIDO. EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO DEBE SER LIBRE, ESPECÍFICO, INFORMADO E INEQUÍVOCO. Corresponde al responsable del tratamiento de los datos demostrar que el interesado ha manifestado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales mediante un comportamiento activo y que ha recibido, previamente, información respecto de todas las circunstancias relacionadas con ese tratamiento, con una formulación inteligible y de fácil acceso que emplee un lenguaje claro y sencillo, que le permita determinar sin dificultad las consecuencias de dicho consentimiento, de modo que se garantice que este se otorga con pleno conocimiento de causa. Un contrato relativo a la prestación de servicios de telecomunicaciones que contiene una cláusula conforme a la cual el interesado ha sido informado y ha consentido en la obtención y la conservación de una copia de su documento de identidad con fines de identificación no permite demostrar que esa persona haya dado válidamente su consentimiento para dicha obtención y dicha conservación, en el sentido de las referidas disposiciones, cuando – la casilla referente a dicha cláusula haya sido marcada por el responsable del tratamiento de datos antes de la firma del contrato, o cuando –las estipulaciones contractuales de dicho contrato puedan inducir al interesado a error sobre la posibilidad de celebrar el contrato en cuestión pese a negarse a consentir en el tratamiento de sus datos, o cuando – la libre elección de oponerse a dicha obtención y dicha conservación se vea indebidamente obstaculizada por ese responsable, al exigir que el interesado, para negarse a dar su consentimiento, cumplimente un formulario adicional en el que haga constar esa negativa. · Derecho Comunitario
14.- 01/06/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 14 de mayo de 2020. DERECHO A LA INFORMACIÓN PROCESOS PENALES. Es contrario al Derecho UE que un Estado miembro pueda imponer una sanción penal a una persona residente en otro Estado miembro si no respeta, a partir de la fecha en la que devino firme, un auto por el que se la condenó a una privación del derecho a conducir, cuando dicha persona desconoce la existencia del auto en la fecha · Derecho Comunitario
13.- 22/05/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 23 de abril de 2020. Los gastos de facturación de los pasajeros cuyo pago no puede evitarse por falta de un modo de facturación alternativo que sea gratuito, el IVA aplicable a las tarifas de los vuelos nacionales, así como los gastos de gestión por las compras efectuadas mediante una tarjeta de crédito distinta de la autorizada por el transportista aéreo, constituyen elementos del precio obligatorios y previsibles, y por tanto se deben mostrar al cliente desde el primer momento del proceso de compra. · Derecho Comunitario
12.- 15/05/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 12 de marzo de 2020. PETICIÓN DE DECISIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE BADALONA. PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL. COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL — Directiva 2013/48/UE — Artículo 3, apartado 2. DERECHO A LA ASISTENCIA DE LETRADO. EXCEPCIONES. Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. La Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, y en particular su artículo 3, apartado 2, debe interpretarse, a la luz del artículo 47 de la Carta, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, tal como la ha interpretado la jurisprudencia nacional, según la cual, durante la fase de instrucción, el disfrute del derecho a la asistencia de letrado puede demorarse por razón de la incomparecencia del sospechoso o acusado tras habérsele practicado la citación para comparecer ante un juzgado de instrucción, hasta la ejecución de la orden de detención nacional dictada contra el interesado. · Derecho Comunitario
11.- 08/05/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 23 de abril de 2020. CUESTIONES PREJUDICIALES. DIRECTIVA 2000/78/CE. PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN BASADA EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL. CONDICIONES DE ACCESO AL EMPLEO Y AL EJERCICIO PROFESIONAL. DECLARACIONES PÚBLICAS QUE EXCLUYEN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS HOMOSEXUALES. LIBERTAD DE EXPRESION. LIMITES. PERSONA JURÍDICA REPRESENTATIVA DE UN INTERÉS COLECTIVO. LEGITIMACIÓN ACTIVA. Declaraciones hechas por un abogado durante un programa radiofónico que declaró que no deseaba contratar en su bufete ni recurrir a los servicios de personas homosexuales. En la sentencia Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18), el Tribunal de Justicia ha juzgado que las declaraciones hechas por una persona durante una emisión audiovisual, según las cuales nunca contrataría en su empresa ni recurriría a los servicios de personas con una determinada orientación sexual, están comprendidas en el ámbito de aplicación material de la Directiva 2000/78 1 (en lo sucesivo, «Directiva “antidiscriminación”») y, más concretamente, en el concepto de «condiciones de acceso al empleo […] y al ejercicio profesional», en el sentido de su artículo 3, apartado 1, letra a), y ello aun cuando en el momento de hacer esas declaraciones no estuviera en marcha ni se hubiera programado ningún proceso de selección de personal, siempre que no sea hipotético el vínculo entre dichas declaraciones y las condiciones de acceso al empleo y al ejercicio profesional dentro de esa empresa. Interpretación del concepto de «condiciones de acceso al empleo […] y al ejercicio profesional» que no implica una eventual limitación al ejercicio de la libertad de expresión, cuyo ejercicio puede comportar limitaciones, siempre que estén establecidas por la ley y respeten el contenido esencial de ese derecho y el principio de proporcionalidad. En el presente caso esas limitaciones resultan directamente de la Directiva «antidiscriminación» y se aplican únicamente con el fin de alcanzar los objetivos de esta última, a saber, garantizar el principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación y el logro de un alto nivel de empleo y de protección social siendo necesarias para garantizar los derechos en materia de empleo y de ocupación de que disponen las personas contempladas por ella. Por último, el Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva «antidiscriminación» no se opone a la normativa italiana que reconoce automáticamente legitimación activa para entablar el procedimiento judicial a una asociación de abogados que defiende ante los tribunales los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTI). Corresponde a los Estados miembros decidir en qué circunstancias puede una asociación iniciar un procedimiento judicial para que se declare la existencia de una discriminación y para sancionarla. · Derecho Comunitario
10.- 02/03/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gran Sala. Sentencia de 21 de enero de 2020. EL TEAC NO ES UN ÓRGANO JURISDICCIONAL INDEPENDIENTE QUE PUEDA PLANTEAR CUESTIONES PREJUDICIALES ANTE EL TJUE. La existencia de recursos judiciales ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra las resoluciones que adoptan los TEA en el procedimiento económico-administrativo de reclamación, garantizan la efectividad del mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE y la unidad de interpretación del Derecho de la Unión. Este pronunciamiento surge en el contexto de un procedimiento seguido a instancias del Banco Santander contra un acuerdo de liquidación adoptado por la Inspección Financiera en relación con la deducción del fondo de comercio resultante de la adquisición por el Banco de la totalidad del capital de una sociedad holding alemana que poseía participaciones en sociedades establecidas de la Unión Europea. La cuestión se rechaza al negar el TJUE que el TEAC pueda plantear cuestiones prejudiciales por carecer de independencia. · Derecho Comunitario
9.- 17/02/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-371/2018. 29 de enero de 2020. SOLICITAR UNA MARCA SIN INTENCIÓN DE USARLA, PARA PERJUDICAR A TERCEROS, CONSTITUYE UN ACTO DE MALA FE. SOLO PUEDE APRECIARSE LA MALA FE SI EXISTEN INDICIOS OBJETIVOS QUE DEMUESTREN QUE, EN LA FECHA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO, EL SOLICITANTE TENÍA INTENCIÓN DE MENOSCABAR LOS INTERESES DE TERCEROS DE UN MODO NO CONFORME CON LAS PRÁCTICAS LEALES. La cuestión que se plantea en el litigio principal es si es constitutivo de mala fe, en el sentido del art. 51.1 b) del Reglamento (CE) 40/94 y del art. 3.2 d) de la Directiva 89/104, el hecho de solicitar el registro de una marca sin intención de usarla en relación con los productos o servicios a que se refiere la solicitud. Las referidas disposiciones establecen la posibilidad de declarar nula una marca cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe, aunque no ofrecen una definición de la misma. El TJUE analiza el concepto de “mala fe” y dispone que el mismo constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión. Señala que, a efectos de su interpretación, debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. Y en este sentido, dispone que el objeto del derecho marcario de la Unión es contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la cantidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor identificar el origen empresarial de tales productos o servicios. · Derecho Comunitario
8.- 03/02/2020 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. ACEPTA QUE LOS PROPIETARIOS DEBAN PAGAR LA CALEFACCIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO AUNQUE NO LA USEN EN SU VIVIENDA. VINCULACIÓN DE LOS PROPIETARIOS INDIVIDUALES AL ACUERDO DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS QUE APROBÓ LA SOLICITUD DE SUMINISTRO DE LA CALEFACCIÓN EN EL EDIFICIO. En el litigio principal, la empresa suministradora de energía térmica a un edificio en régimen de propiedad horizontal conectado a la calefacción suministrada mediante sistemas urbanos, reclama a varios propietarios de viviendas ubicadas en el mismo, el pago de las facturas emitidas por consumo de energía térmica emitida para el sistema de calefacción interior del edificio. Dichos propietarios alegan que no usan en sus viviendas elementos comunes del servicio de abastecimiento de calefacción y agua caliente y que, aunque su edificio es abastecido por una red de calefacción urbana en virtud de un contrato de suministro celebrado entre la comunidad de propietarios y el proveedor de energía térmica, ellos no han dado su consentimiento individualmente para recibir calefacción por sistemas urbanos y no la utilizan en sus propias viviendas. · Derecho Comunitario
7.- 25/11/2019 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-756/18. Sentencia de 24 de octubre de 2019. EL PASAJERO CON RESERVA CONFIRMADA, NO NECESITA PRESENTAR LA TARJETA DE EMBARQUE PARA RECLAMAR POR RETRASO EL VUELO. SOLO SE EXCEPTÚA, EL CASO EN EL QUE EL TRANSPORTISTA PUEDE DEMOSTRAR QUE LOS PASAJEROS NO FUERON TRANSPORTADOS EN EL VUELO RETRASADO DE QUE SE TRATE. El litigio principal se desarrolla entre una aerolínea y unos pasajeros que reclaman el pago de la compensación económica correspondiente por el gran retraso sufrido por el vuelo contratado. La cuestión prejudicial que plantea el tribunal que conoce del asunto, es si los pasajeros que disponían de reserva electrónica deben aportar la tarjeta de embarque como prueba de que se presentaron a la facturación. El TJUE resuelve que los pasajeros de un vuelo con retraso de tres horas o más a su llegada, que posean una reserva confirmada en dicho vuelo, no pueden ver denegada la compensación reconocida en el artículo 7 del Reglamento 261/2004/CE, de 11 de febrero de 2004. · Derecho Comunitario
6.- 18/11/2019 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 7 de noviembre de 2019. MULTAS POR VIAJAR EN TREN SIN BILLETE: ¿PUEDE EL JUEZ EXAMINAR SU ABUSIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONSUMIDOR? SEGÚN EL TJUE, CUANDO UN VIAJERO SIN BILLETE SUBE A UN TREN DE LIBRE ACCESO CONCLUYE UN CONTRATO CON EL TRANSPORTISTA. SIN EMBARGO, LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ ESTABLECIDA EN DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS IMPERATIVAS, NO ESTÁ SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA DE CONSUMIDORES, Y POR TANTO EL JUEZ NO PUEDE MODULAR EL IMPORTE CONSIDERADO ABUSIVO. El Tribunal de Justicia ha dictado una sentencia, de fecha 7 de noviembre de 2019, en los asuntos acumulados C-349/18 a C-351/18, donde interpreta determinados artículos del Reglamento CE 1371/2007, sobre derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril, y de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La petición de cuestión prejudicial tuvo como base el litigio suscitado por la Sociedad Nacional de Ferrocarriles belga y varios usuarios, respecto a los recargos que reclamaba dicha sociedad a los ciudadanos que viajaban en tren sin título de transporte. Con arreglo a sus condiciones de transporte, la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas (NMBS) sanciona a los viajeros que realizan un trayecto en tren sin haber adquirido el billete. En la época en que sucedieron los hechos, se ofrecía a los viajeros sin billete la posibilidad de regularizar su situación pagando inmediatamente el precio del trayecto, más un recargo denominado «tarifa a bordo» o, bien, en un plazo de catorce días desde la comisión de la infracción, un importe a tanto alzado de 75 euros. Una vez transcurrido ese plazo de catorce días, quedaba la posibilidad de pagar un importe a tanto alzado de 225 euros. En estos asuntos, tres viajeros sancionados no hicieron uso de ninguna de esas posibilidades. Por tanto, la NMBS presentó una demanda contra ellos ante el Juez de Paz de Amberes, Bélgica, solicitando que fueran condenados a pagarle las respectivas cantidades de 880,20 euros, 1.103,90 euros y 2 394,00 euros. En el marco de dichas demandas, la NMBS alega que las relaciones jurídicas entre ella y cada uno de los viajeros de que se trata no son de naturaleza contractual, sino reglamentaria, ya que éstos no habían adquirido un título de transporte. El Juez de Paz de Amberes se pregunta sobre la naturaleza de la relación jurídica entre la NMBS y los viajeros sin título de transporte. A este respecto, se ha planteado la cuestión de si el Reglamento sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril debe interpretarse en el sentido de que una situación en la que un viajero accede a un tren para realizar un trayecto sin haber adquirido un billete está comprendida dentro del concepto de «contrato de transporte» en el sentido de dicho Reglamento. Además, en caso de respuesta afirmativa, debe determinarse, a la luz de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, si el juez que compruebe que una cláusula penal prevista en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor tiene carácter abusivo puede modular el importe de la sanción. No es necesario estar en posesión del billete para considera que exista un contrato de transporte En su sentencia, el Tribunal de Justicia señala para empezar que, por un lado, al dejar libre acceso a su tren, y, por otro, al subir a éste con el fin de realizar un trayecto, tanto la empresa ferroviaria como el viajero manifiestan sus voluntades concordantes de entrar en una relación contractual. Por lo que respecta a la cuestión de si la posesión de un billete por parte del viajero es un elemento indispensable para poder considerar que existe un «contrato de transporte», el Tribunal de Justicia considera que el billete es tan sólo el instrumento que materializa el contrato de transporte. El concepto de «contrato de transporte» es independiente de si el viajero posee un billete y, por lo tanto, comprende una situación en la que un viajero sube a un tren de libre acceso con el fin de realizar un trayecto sin haber adquirido un billete. A falta de disposiciones a este respecto en el Reglamento n.° 1371/2007, esta interpretación no afecta a la validez de dicho contrato, ni a las consecuencias que pueden derivarse de que una de las partes incumpla sus obligaciones contractuales, que siguen rigiéndose por el Derecho nacional aplicable. La cláusula de penalización no entra dentro del ámbito de la directiva En lo que atañe a la facultad del órgano jurisdiccional nacional de modular la cláusula penal que pueda, en su caso, ser abusiva, el Tribunal de Justicia declara que ésta forma parte de las condiciones generales de transporte de la NMBS, respecto de las que el Juez de Paz de Amberes precisa que se «consideran de aplicación general en virtud de su naturaleza reglamentaria» y que son objeto de «comunicación en una publicación oficial del Estado». Las cláusulas contractuales que reflejen, en particular, disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están sujetas a las disposiciones de la Directiva. No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que queden excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva es preciso que concurran dos requisitos. Por una parte, la cláusula contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria y, por otra, esa disposición debe ser imperativa. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si se cumplen esos requisitos. Si el órgano jurisdiccional nacional considera que no concurren esos requisitos, y si, por lo tanto, estima que la cláusula penal está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, el Tribunal de Justicia recuerda que aquél no puede modular el importe de la sanción considerada abusiva, ni puede sustituir esa cláusula por una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio con arreglo a principios de su Derecho contractual, sino que, en principio, debe descartar su aplicación, salvo que el contrato de que se trate no pueda subsistir si se elimina la cláusula abusiva y si la anulación del contrato en su conjunto expone al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales.MULTAS POR VIAJAR EN TREN SIN BILLETE: ¿PUEDE EL JUEZ EXAMINAR SU ABUSIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONSUMIDOR? SEGÚN EL TJUE, CUANDO UN VIAJERO SIN BILLETE SUBE A UN TREN DE LIBRE ACCESO CONCLUYE UN CONTRATO CON EL TRANSPORTISTA. SIN EMBARGO, LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ ESTABLECIDA EN DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS IMPERATIVAS, NO ESTÁ SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA DE CONSUMIDORES, Y POR TANTO EL JUEZ NO PUEDE MODULAR EL IMPORTE CONSIDERADO ABUSIVO. El Tribunal de Justicia ha dictado una sentencia, de fecha 7 de noviembre de 2019, en los asuntos acumulados C-349/18 a C-351/18, donde interpreta determinados artículos del Reglamento CE 1371/2007, sobre derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril, y de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La petición de cuestión prejudicial tuvo como base el litigio suscitado por la Sociedad Nacional de Ferrocarriles belga y varios usuarios, respecto a los recargos que reclamaba dicha sociedad a los ciudadanos que viajaban en tren sin título de transporte. Con arreglo a sus condiciones de transporte, la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas (NMBS) sanciona a los viajeros que realizan un trayecto en tren sin haber adquirido el billete. En la época en que sucedieron los hechos, se ofrecía a los viajeros sin billete la posibilidad de regularizar su situación pagando inmediatamente el precio del trayecto, más un recargo denominado «tarifa a bordo» o, bien, en un plazo de catorce días desde la comisión de la infracción, un importe a tanto alzado de 75 euros. Una vez transcurrido ese plazo de catorce días, quedaba la posibilidad de pagar un importe a tanto alzado de 225 euros. En estos asuntos, tres viajeros sancionados no hicieron uso de ninguna de esas posibilidades. Por tanto, la NMBS presentó una demanda contra ellos ante el Juez de Paz de Amberes, Bélgica, solicitando que fueran condenados a pagarle las respectivas cantidades de 880,20 euros, 1.103,90 euros y 2 394,00 euros. En el marco de dichas demandas, la NMBS alega que las relaciones jurídicas entre ella y cada uno de los viajeros de que se trata no son de naturaleza contractual, sino reglamentaria, ya que éstos no habían adquirido un título de transporte. El Juez de Paz de Amberes se pregunta sobre la naturaleza de la relación jurídica entre la NMBS y los viajeros sin título de transporte. A este respecto, se ha planteado la cuestión de si el Reglamento sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril debe interpretarse en el sentido de que una situación en la que un viajero accede a un tren para realizar un trayecto sin haber adquirido un billete está comprendida dentro del concepto de «contrato de transporte» en el sentido de dicho Reglamento. Además, en caso de respuesta afirmativa, debe determinarse, a la luz de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, si el juez que compruebe que una cláusula penal prevista en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor tiene carácter abusivo puede modular el importe de la sanción. No es necesario estar en posesión del billete para considera que exista un contrato de transporte En su sentencia, el Tribunal de Justicia señala para empezar que, por un lado, al dejar libre acceso a su tren, y, por otro, al subir a éste con el fin de realizar un trayecto, tanto la empresa ferroviaria como el viajero manifiestan sus voluntades concordantes de entrar en una relación contractual. Por lo que respecta a la cuestión de si la posesión de un billete por parte del viajero es un elemento indispensable para poder considerar que existe un «contrato de transporte», el Tribunal de Justicia considera que el billete es tan sólo el instrumento que materializa el contrato de transporte. El concepto de «contrato de transporte» es independiente de si el viajero posee un billete y, por lo tanto, comprende una situación en la que un viajero sube a un tren de libre acceso con el fin de realizar un trayecto sin haber adquirido un billete. A falta de disposiciones a este respecto en el Reglamento n.° 1371/2007, esta interpretación no afecta a la validez de dicho contrato, ni a las consecuencias que pueden derivarse de que una de las partes incumpla sus obligaciones contractuales, que siguen rigiéndose por el Derecho nacional aplicable. La cláusula de penalización no entra dentro del ámbito de la directiva En lo que atañe a la facultad del órgano jurisdiccional nacional de modular la cláusula penal que pueda, en su caso, ser abusiva, el Tribunal de Justicia declara que ésta forma parte de las condiciones generales de transporte de la NMBS, respecto de las que el Juez de Paz de Amberes precisa que se «consideran de aplicación general en virtud de su naturaleza reglamentaria» y que son objeto de «comunicación en una publicación oficial del Estado». Las cláusulas contractuales que reflejen, en particular, disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están sujetas a las disposiciones de la Directiva. No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que queden excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva es preciso que concurran dos requisitos. Por una parte, la cláusula contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria y, por otra, esa disposición debe ser imperativa. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si se cumplen esos requisitos. Si el órgano jurisdiccional nacional considera que no concurren esos requisitos, y si, por lo tanto, estima que la cláusula penal está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, el Tribunal de Justicia recuerda que aquél no puede modular el importe de la sanción considerada abusiva, ni puede sustituir esa cláusula por una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio con arreglo a principios de su Derecho contractual, sino que, en principio, debe descartar su aplicación, salvo que el contrato de que se trate no pueda subsistir si se elimina la cláusula abusiva y si la anulación del contrato en su conjunto expone al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. · Derecho Comunitario
5.- 11/11/2019 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gran Sala. Sentencia de 24 de septiembre de 2019. LA PROHIBICIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE CIERTAS CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS BANCARIOS INCLUYE A LOS GESTORES DE BÚSQUEDA. SEÑALA QUE EL GESTOR DE UN MOTOR DE BÚSQUEDA ESTÁ OBLIGADO, EN PRINCIPIO, A ESTIMAR LAS SOLICITUDES DE RETIRADA DE ENLACES QUE DIRIGEN A PÁGINAS WEB EN LAS QUE FIGURAN DATOS PERSONALES COMPRENDIDOS EN LAS CATEGORÍAS ESPECIALES, SI BIEN DEBIENDO VALORAR SIEMPRE, CASO POR CASO, NO SÓLO LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN, SINO SU CARÁCTER SENSIBLE PARA LA VIDA PRIVADA DEL INTERESADO Y EL INTERÉS PÚBLICO DE LOS INTERNAUTAS EN DISPONER DE LA MISMA. EL TJUE recuerda que la actividad de un motor de búsqueda consiste en encontrar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de los internautas; una tarea que sin duda se enmarca dentro del tratamiento de datos personales cuando la información los contiene, y que hace que el gestor de un motor de búsqueda deba ser considerado responsable. Sentado lo anterior, el Tribunal entiende que las restricciones relativas al tratamiento de las categorías especiales de datos personales también resultan de aplicación al gestor de un motor de búsqueda y por ello, está obligado a estimar las solicitudes de retirada de enlaces que dirigen a páginas web en las que figuran datos personales comprendidos en las categorías especiales. No obstante, a pesar de esta regla general, el TJUE admite una excepción que permite al gestor del motor de búsqueda negarse a estimar la solicitud de retirada de enlaces en el supuesto en el que se compruebe que los enlaces, si bien dirigen a contenidos que incluyen datos personales, el tratamiento cumple los demás requisitos de legalidad exigidos por la Directiva, lo que obliga a comprobar la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales del interesado en cuanto a su respeto a la vida privada y si concurren motivos de interés público importantes, de cara a proteger la libertad de información de los internautas potencialmente interesados en acceder a la información. Como colofón, el TJUE declara que, aunque a priori los derechos del interesado prevalecen sobre la libertad de información de los internautas, debe valorarse siempre, y caso por caso, la naturaleza de la información, el carácter sensible de ésta para la vida privada del interesado y el interés público de los internautas en disponer de la información. · Derecho Comunitario
4.- 14/10/2019 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-683/2017. Sentencia de 12 de septiembre de 2019. PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES A LOS DERECHOS DE AUTOR. DIRECTIVA 2001/29/CE. ART. 2, LETRA A). CONCEPTO DE “OBRA”. PROTECCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE DERECHOS DE AUTOR. REQUISITOS. ARTICULACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LOS DIBUJOS Y MODELOS. DIRECTIVA 98/71/CE. REGLAMENTO (CE) N.º 6/2002. MODELOS DE PRENDAS DE VESTIR. »CUESTION PREJUDICIAL. LOS MODELOS DE PRENDAS DE VESTIR NO GOZAN DE PROTECCIÓN CON ARREGLO A LOS DERECHOS DE AUTOR. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE UN MODELO INDUSTRIAL, COMO LOS MODELOS DE PRENDAS DE VESTIR, GENERE UN EFECTO VISUAL PROPIO Y CONSIDERABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTÉTICO NO JUSTIFICA QUE SE CALIFIQUE COMO «OBRA» QUE CUMPLE EL REQUISITO DE ORIGINALIDAD. La entidad que produce y comercializa un determinado modelo de pantalón vaquero, de sudadera y de camiseta, ejercita acción de cesación de la vulneración de sus derechos de autor frente a la empresa que diseña, produce y comercializa, igualmente, modelos de vaqueros, sudaderas y camisetas que considera análogos a los suyos. La cuestión que se plantea es si puede darse protección a los dibujos y modelos industriales con arreglo a los derechos de autor. Pues bien, el TJUE señala que el legislador de la Unión ha optado por un sistema según el cual la protección reservada a los dibujos y modelos y la garantizada por los derechos de autor no se excluyen entre sí. En este sentido, considera que los modelos pueden calificarse de «obras» protegida, en el sentido de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y otros derechos afines, si existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. · Derecho Comunitario
3.- 21/06/2018 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-557/2015. Sentencia de 21 de junio de 2018. Ha ha declarado que Malta ha incumplido los requisitos que establece la Directiva sobre conservación de aves silvestres al establecer un régimen que no es conforme con los estrictos requisitos que la norma comunitaria establece. · Derecho Comunitario
2.- 25/05/2018 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 25 de mayo de 2018. Validez de la restricciones a varios insecticidas por los riegos que representan para las abejas. · Derecho Comunitario
1.- 27/02/2018 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-550/2016. Sentencia de 12 de abril de 2018. MENORES: No cabe privar a los menores de una parte de su derecho a la pensión de orfandad cuando no aparece claramente establecido quien ha de solicitar dicha pensión, es decir, se les acarrea un perjuicio por la inacción de un obligado a solicitar la pensión que no aparece expresamente identificado en la normativa aplicable. · Derecho Comunitario

2021 © ICA Oviedo - Todos los derechos reservados

C/Schultz 5, 33003 Oviedo
Tfno.: 985 21 23 70 - Fax: 985 22 85 82
Email: info@icaoviedo.es